CDMX - La Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño patrimonial de 137.7 millones de pesos en el manejo de recursos públicos por parte del Gobierno de Veracruz durante la revisión de la Cuenta Pública 2025.
El desfalco incluye 48.6 millones de pesos en irregularidades dentro de la nómina educativa del FONE y más de 87 millones en los Servicios de Salud del estado.
Secretaría de Salud usó recursos de FASSA 2025 para pagar adeudos de 2024
El sector salud de Veracruz, a través de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), concentra el monto más alto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2025, sumando un total de 87 millones 419 mil 439 pesos pendientes de aclaración.
El boquete principal asciende a 86 millones 920 mil 909 pesos. La administración estatal utilizó recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del ejercicio presupuestal 2025 para cubrir remuneraciones y sueldos correspondientes al año anterior (2024).
La ASF señaló que no se presentó la documentación comprobatoria ni las autorizaciones normativas necesarias para validar dicho movimiento entre ejercicios fiscales.
Nómina educativa de Veracruz pagaba a fallecidos
Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 48 millones 657 mil 604 pesos en la nómina educativa de Veracruz, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) dentro de la Cuenta Pública 2025.
Información difundida este domingo por Excélsior, bajo una nota de Lourdes López, establece que el desglose del órgano fiscalizador revela que el monto principal, equivalente a 38.9 millones de pesos, se destinó al pago de 105 trabajadores con plazas asignadas en centros de trabajo cuyas ubicaciones geográficas resultan incompatibles.
Asimismo, se documentaron desvíos por más de 5.4 millones de pesos a 79 empleados con licencias vigentes sin goce de sueldo, y 2.2 millones otorgados a 87 personas que ya habían sido dadas de baja de la institución.
Entre los hallazgos más críticos del reporte destacan pagos por un total de 648 mil pesos dirigidos a 14 personas registradas como fallecidas.
Este dictamen, que forma parte de la segunda entrega de informes del organismo, generó tensión con la administración estatal debido a los previos requerimientos federales de las listas de asistencia del magisterio.
¿Qué procede legalmente?
Debido a que estos hallazgos se clasifican como "pendientes de aclaración" y pliegos de observaciones, las administración de la gobernadora Rocío Nahle García tiene un plazo legal establecido por la ley federal para presentar las pólizas, contratos, justificaciones presupuestales y comprobantes de reintegro faltantes.
Si el gobierno estatal no logra solventar formalmente estas inconsistencias ante la ASF, los montos pasarán a ser catalogados de forma definitiva como un daño patrimonial al erario público, lo que obligaría a iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias penales contra los funcionarios involucrados.
