CDMX — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno. De ese monto, más de 5 mil 200 millones corresponden a 42 municipios que no acreditaron el destino de recursos federales.

Este viernes, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

ASF investiga contratos vinculados al INE

La ASF informó que investiga a dos grupos empresariales con contratos públicos por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026. De ese total, 430 millones corresponden a contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE).

El órgano fiscalizador recordó que la investigación al INE y a los organismos electorales locales comenzó el 23 de octubre e incluye operaciones bajo análisis. La ASF aún no acredita un daño patrimonial por esas operaciones.

Hallan transferencias a empresas y particulares

La nueva entrega incluye 374 informes: 42 de municipios, 286 de auditorías a entidades federativas y 46 a entes federales.

Las revisiones permitieron a la ASF identificar, entre otros hallazgos, esquemas de transferencias de recursos a través de intermediarios en Nuevo León y Sinaloa.

En ambos estados, el dinero habría terminado en cuentas de empresas y particulares con vínculos familiares con servidores públicos.

En Sinaloa, además, entes estatales y municipales adjudicaron obra pública a una constructora integrada por dos familiares de un funcionario del gobierno estatal.

La ASF también reportó que, antes del cierre de las auditorías, los estados reintegraron mil 132 millones de pesos, de los cuales 553 millones correspondieron al sector salud.

En el ámbito federal, el órgano fiscalizador formuló observaciones por 2 mil 327 millones de pesos por gastos sin aclarar y recursos cuyo uso los entes no acreditaron.

Los señalamientos corresponden al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Sobre el examen de admisión en línea de la UNAM, la ASF aseguró, por primera vez en su historia, servidores y repositorios informáticos de la empresa proveedora Territorium Life para preservar evidencia.

La Auditoría investiga desde agosto la contratación de esa plataforma. Las fallas obligaron a la UNAM a sustituir la prueba en línea por exámenes presenciales.

En materia penal, la ASF suma 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, a las que se agregan nueve por gestoría ilegal.

Además, reportó 60 solicitudes de intervención ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).