CDMX.- Trascendió que el consejero Jorge Montaño Ventura aprovechó su cercanía con la entonces consejera presidenta del INE. Guadalupe Taddei para colocar a varios de sus cercanos, tabasqueños como él, en cargos clave del organismo, incluyendo a integrantes del grupo político que construyó el controversial senador morenista Adán Augusto López Hernández en Tabasco, entidad de la que fue gobernador.

En un amplio reportaje de Proceso, se afirma que la carrera del propio Jorge Montaño en la estructura electoral estuvo vinculada con el político tabasqueño, al que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refería como su “hermano”, tanto en sus mejores momentos como en un episodio sucedido mientras era consejero en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), que estuvo a punto de llevarlo a la cárcel.

Originario de Tenosique, Tabasco, Montaño inició su carrera en el mundo político en 2004 como asesor parlamentario en el congreso local, que estaba dominado por el PRD –mientras el gobernador era el priista Manuel Andrade Díaz–; de ahí brincó a la subdirección de adquisiciones en el ayuntamiento de Tenosique, presidido por el priista Antonio Abelardo Solá Vela, hasta que en 2009 asumió como vocal ejecutivo y presidente del consejo municipal electoral de Nacajuca.

De este cargo local, en un municipio de 150 mil habitantes, Montaño tuvo un ascenso meteórico: ascendió en 2010 a consejero del IEPTC, y cuatro años más tarde fue designado por el Senado como magistrado en el Tribunal Electoral de Tabasco, institución a la que regresó en 2017 para convertirse en su presidente.

En 2021, el fiscal estatal del gobierno de Adán Augusto López Hernández, Nicolás Bautista Ovando, lo nombró fiscal especializado en delitos electorales de Tabasco, hasta que el 31 de marzo de 2023 Montaño salió “insaculado” en la Cámara de Diputados para integrar el INE hasta 2032, junto con Guadalupe Taddei Zavala, Rita Bell López y Arturo Castillo Loza, para sustituir a los exconsejeros Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Muramaya, Adriana Favela y José Roberto Ruiz.

Compraventa fraudulenta

El currículum de Montaño tiene un hueco en cargos públicos entre octubre de 2015 y noviembre de 2017. Durante estos años enfrentó un proceso administrativo y penal por el que evitó de poco la cárcel, derivado de un caso de presunta corrupción ocurrido en el IEPTC, del que Montaño era integrante.

El caso empezó en 2010, cuando los demás integrantes del IEPTC encargaron a Montaño y a dos de sus colegas una comisión para comprar un inmueble propio para la institución, con un presupuesto de hasta 39 millones de pesos. Los tres consejeros mandaron visitar edificios en Villahermosa, y elaboraron fichas para dar cuenta de sus búsquedas. Los consejeros se decantaron por un edificio ubicado en la colonia Tamulté de las Barrancas, a sugerencia e insistencia de Montaño.

La transacción se llevó a cabo el 11 de abril de 2011, por 32 millones 600 mil pesos, mediante la adquisición del inmueble a Gilberto Galassi Cevallos. Se formalizó en la notaría 27, de la que es titular Adán Augusto López Hernández. Poco tiempo después, los funcionarios del IEPTC se dieron cuenta de que el inmueble era inhabitable y que había sido comprado con un sobreprecio de por lo menos 8 millones 308 mil pesos, según la contraloría interna del instituto.

Existía una ficha, con el número 3, la cual advertía que “al edificio le faltaba mantenimiento, ya que tenía mucho tiempo abandonado, el estacionamiento tenía muchas grietas y la maleza estaba por todas partes, muy costoso, resaltando que su estructura era de acero y con poca vida útil en este clima tropical húmedo comparativamente al sistema tradicional de estructuras de concreto y block”. Dicho de otro modo: no era una buena opción.

Según un acta de formal prisión dictada contra Montaño por ejercicio indebido de servicio público en 2015 –es decir, a cuatro años y medio de la compra, mientras el IEPTC seguía sin poder ocupar el inmueble, que continuaba con daños estructurales–, el consejero conocía el contenido de la ficha número 3 y no lo mencionó a sus compañeros. “Al contrario, se advierte de ellas que pese al conocimiento que tenía Jorge Montaño Ventura del mal estado del edificio, continuó proponiéndolo como una opción viable de compra”, planteó el acta.

La fiscalía estatal abrió una investigación, y sus peritos determinaron que el edificio “carece de un sistema constructivo confiable para resistir las fuerzas inducidas por cargas accidentales”, observaron que el 80% de la cimentación estaba inadecuada para el tipo de terreno y concluyeron que “no deberá de ser destinado como edificio público u oficinas, ya que los márgenes de seguridad no están garantizados en la construcción de dicho edificio”.

Además de la notaría 27, la operación sobre la compra del edificio tenía otro vínculo con Adán Augusto López Hernández, entonces diputado federal del PRD por la ciudad de Paraíso: en aquel entonces, el director de administración del IEPCT era Carlos Enrique Íñiguez Rosique, apodado Caliche, un hombre muy cercano al ahora senador de Morena. De hecho, Adán Augusto López Hernández se llevó a Íñiguez al Senado en 2024 para fungir como secretario particular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la que el exgobernador era el presidente.

Orden de aprehensión de Jorge Montaño en Tabasco.

Durante la operación del edificio, Íñiguez no sólo firmó el cheque: también participó en la revisión de inmuebles y contrató a un valuador que dio su visto bueno a la adquisición.

Entre los consejeros del IEPCT figuraba también el abogado Rosendo Gómez Piedra, otro hombre cercano a Adán Augusto López Hernández –lo colocó como magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Tabasco–, quien fue abogado general de la Secretaría de Bienestar, director jurídico de Fonatur y polémico titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Gómez tuvo que renunciar a su cargo en septiembre de 2025, después de ser denunciado por los integrantes de su propio equipo ante el área de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente recibir “cajas con dinero”, contratar a amigos sin conocimiento alguno en materia penal, utilizar vehículos oficiales para uso personal u ordenar a un jefe de departamento fungir como chofer de su esposa, como lo documentó el periódico Milenio en su momento.

La operación le salió cara a Montaño: la contraloría interna determinó su inhabilitación por cuatro años; el 15 de octubre de 2015 el Congreso lo separó de su cargo, y el mes siguiente se dictó el auto de formal prisión en su contra. Gracias a un amparo, Montaño no pisó la cárcel, hasta que en junio de 2016 un juez local sobreseyó el caso, tras determinar que no existían elementos constitutivos de delito.

Tabasco en el INE

Tras su llegada al INE, Montaño tejió una relación cercana con Guadalupe Taddei Zavala. El ahora integrante del Consejo General del INE, quien suele cerrar sus intervenciones en el colegiado con un “¡Que viva la democracia!”, votaba de manera sistemática con la consejera presidenta.

Cuestionado, el pasado 27 octubre, sobre su relación con Taddei –quien ya había renunciado por los señalamientos sobre las presuntas irregularidades y el conflicto de intereses en su gestión–, Montaño prefirió matizar y afirmar, “para ser claro, preciso y muy puntual”, que “cercanía tengo con todas y todos”.

Fue una de las escasas voces que tomó la defensa de Taddei durante la sesión del Consejo General del pasado 22 de octubre, cuando la permanencia de la mujer en la presidencia del INE pendía de un hilo todavía.

Durante la sesión, todavía presidida por Taddei, Montaño denunció las “narrativas mediáticas que buscan de manera evidente mermar la credibilidad del árbitro antes siquiera de que se abran las urnas”, y recalcó que Taddei había demostrado “su absoluto compromiso con la legalidad frente a la sospecha”.

La lealtad de Montaño hacia Taddei le permitió colocar a varios de sus exasesores en cargos clave del INE, donde empezaron a llegar exservidores públicos de Tabasco, algunos directamente vinculados con el grupo de Adán Augusto López Hernández.

Es el caso, conocido, de Mario Alberto Alejo García, su exasesor, al que Montaño logró ascender en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), una de las áreas más estratégicas del INE, pues se encarga de revisar el manejo de recursos de los partidos y de sus candidatos.

El nombramiento de Alejo, realizado por Taddei gracias a los “superpoderes” que le otorgó la mayoría legislativa de Morena en 2024, causó polémica, pues el hombre no tenía la experiencia requerida para asumir el cargo, dado que había laborado principalmente en el congreso local de Tabasco mientras la entidad era gobernada por Adán Augusto López Hernández. Alejo se benefició de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le permitió continuar al frente de la UTF.

El pasado 27 de octubre, Proceso documentó que Alejo se llevó en la UTF a José Luis Hernández Villarruel, como director de análisis de riesgo, así como a la tabasqueña María del Carmen Cruz Tolentino, otrora funcionaria del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco y del tribunal electoral en la misma entidad.

De acuerdo con la base de datos de las remuneraciones del INE, tres de los cinco asesores de consejeros electorales mejor pagados son colaboradores de Montaño, los tres con trayectorias en el IEPTC –donde su hermana, Isby Danney Montaño Ventura, fue titular del Órgano Técnico de Fiscalización del instituto– o en el Tribunal Electoral de Tabasco, como la mayoría de sus asesores.

Así, Nadia Angélica Brindis Sánchez, recibe 116 mil 418 pesos netos mensuales; Daniel Alberto Guzmán Montiel –su jefe de asesores–, 116 mil 189 pesos netos mensuales, y Jorge Arturo Palacio Hernández, 108 mil 989 pesos al mes.

Montaño tiene a otros allegados en la estructura del INE, como Pedro René Concepción Arteaga, el excontralor del municipio de Paraíso, en Tabasco –por el que Adán Augusto López Hernández fue diputado federal–, al que el consejero electoral colocó como subdirector de Oficialía Electoral, o Jesús Antonio Sabido Góngora como subdirector de capacitación en la dirección ejecutiva del servicio profesional electoral nacional.

Entre los funcionarios del INE provenientes de Tabasco destaca Rigoberto Riley Mata Villanueva, exmagistrado del tribunal electoral tabasqueño, quien es director de los servicios legales; Ofelia Sánchez Frías, coordinadora de Seguridad y Protección Civil, fue jefa de investigación de delitos informáticos en la fiscalía tabasqueña durante el mandato de Adán Augusto López Hernández.

Guadalupe Taddei también nombró como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos a Anahí Silva Tosca, quien fuera subconsejera jurídica de López Hernández en el gobierno de Tabasco, y permaneció en el cargo cuando el político pidió licencia para asumir la Secretaría de Gobernación.