CDMX -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descalificó, el 30 de abril de 2026, las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios sinaloenses acusados de proteger al Cártel de Sinaloa para traficar drogas y armas hacia EE.UU., al calificarlas de insuficientes e inválidas conforme a la legislación mexicana. La mandataria advirtió que, de no existir evidencia sólida, las imputaciones tienen un carácter político.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo exhibió frente a las cámaras la fotografía de un papel con letras y números escritos a mano, que el DOJ presentó como prueba de presuntos sobornos. “Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba: ‘Juanito, 30 mil pesos’. Digo, al menos es de llamar la atención. Es una hoja de papel”, afirmó la presidenta de la República. La mandataria cuestionó que la acusación se sustente en testimonios de testigos cuya identidad se desconoce y en documentos que no cumplen con los estándares del sistema acusatorio mexicano.
Sheinbaum Pardo sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar el caso y, de encontrar elementos constitutivos de un delito, proceder conforme al derecho mexicano. “Si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, leyó desde un posicionamiento oficial. Precisó que la FGR, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, deberá analizar la documentación recibida para establecer si existen los elementos probatorios necesarios para solicitar, en su caso, órdenes de aprehensión.
La mandataria reiteró que el Gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero estableció que tampoco actuará sin evidencia suficiente. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del DOJ es político”, señaló. Subrayó que cualquier actuación debe apegarse a la Constitución y a los tratados internacionales, pero siempre bajo jurisdicción nacional y en defensa de la soberanía mexicana.
