CDMX -

La acusación formal contra Rubén Rocha Moya, fue anunciada por Jay Clayton, fiscal de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance Cole, administrador de la DEA.

El expediente fue presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el caso S9 23 Cr. 180 (KPF), asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Los cargos incluyen conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los EE.UU., así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, delitos que conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Además de Rocha Moya, de 76 años, la acusación comprende a Enrique Inzunza Cázarez, senador federal por Sinaloa y exsecretario general del gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado; Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE); Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, sucesor de Almanza Avilés en ese cargo; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.

Según las alegaciones del expediente, los acusados protegieron a los líderes de “Los Chapitos” —facción encabezada por los hijos del exlíder del Cártel Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”— contra investigaciones y procesos judiciales; filtraron información de inteligencia policial a la organización criminal; ordenaron a corporaciones policiales proteger cargamentos de droga en tránsito hacia los EE.UU., y permitieron actos de violencia con impunidad. A cambio, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares.

La acusación detalla que Castro Zaavedra habría percibido alrededor de 11,000 dólares mensuales; Almanza Avilés y Contreras Núñez, cerca de 16,000 dólares mensuales; Mérida Sánchez, más de 100,000 dólares mensuales durante 2023 y 2024; Hipólito, aproximadamente 6,000 dólares mensuales; Gámez Mendívil, más de 10,000 dólares mensuales, y Valenzuela Millán, unos 41,000 dólares mensuales para él, sus comandantes y más de 40 agentes bajo su mando.

Respecto a Rocha Moya, el documento judicial alega que “Los Chapitos” respaldaron su campaña a la gubernatura en las elecciones de junio de 2021 mediante el robo de boletas, el secuestro e intimidación de candidatos de la oposición y la prohibición a la Policía Estatal de acercarse a los recintos electorales. A cambio, el gobernador habría prometido instalar en puestos clave a funcionarios afines al Cártel y proteger sus operaciones.

Clayton señaló que “sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, mientras que Cole subrayó que los acusados utilizaron sus cargos de confianza para facilitar el ingreso de narcóticos a los EE.UU.

Valenzuela Millán enfrenta además cargos de secuestro con resultado de muerte, que conllevan cadena perpetua obligatoria. Según la acusación, alrededor del 22 de octubre de 2023, agentes municipales bajo su mando detuvieron en Culiacán de Rosales a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a un familiar de este, y los entregaron a sicarios del Cártel, quienes los torturaron y mataron en represalia por la información que Meza León había proporcionado a las autoridades estadounidenses.

La SRE informó mediante el Comunicado número 097/2026 que, tras la revisión jurídica correspondiente, determinó que los documentos remitidos por la Embajada de los EE.UU. no anexan elementos probatorios suficientes para sustentar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicita, y remitió las solicitudes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que resolviera conforme al sistema jurídico mexicano.

La dependencia anunció también que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense por haber dado publicidad al caso, en contravención de las disposiciones de confidencialidad previstas en los tratados internacionales aplicables.

Rocha Moya rechazó de forma categórica los cargos a través de la red social X: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió.

El mandatario sinaloense calificó las imputaciones como “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional”, y aseguró que el señalamiento no apuntaba solo a su persona sino al movimiento de la Cuarta Transformación.

El embajador de los EE.UU. en México, Ronald Johnson, advirtió por su parte que los actos de corrupción vinculados al crimen organizado serán investigados y procesados en todos los casos en que aplique la jurisdicción estadounidense.

Rocha Moya, originario de Badiraguato, construyó su trayectoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde fungió como rector en los años noventa del siglo 20, antes de iniciar su carrera política en el PRI y migrar hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fuerza con la que ganó la gubernatura en 2021. Su administración coincidió con la fractura interna del Cártel de Sinaloa entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, que derivó en una disputa territorial de alta intensidad. La acusación formal del 29 de abril de 2026 es la más reciente de una serie de imputaciones emitidas por el Distrito Sur de Nueva York desde 2023 contra más de 30 miembros y asociados del Cártel. El gobernador mantiene la presunción de inocencia.