CDMX -

Al menos nueve organizaciones no gubernamentales (ONG's) mexicanas sostuvieron un encuentro con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y enmedio de un cúmulo de solicitudes pidieron destacademente su intervención ante el Gobierno de México para un retiro gradual de las Fuerzas Armadas, así como para establecer una vía real de cooperación del organismo internacional en la crisis de desapariciones y también acceso real a la justicia.


En un comunicado Amnistía Internacional, hace un llamado público a considerar la situación actual de México, específicamente por los retrocesos en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho, para que este señalamiento forme parte de las recomendaciones que derivarán de la visita de la ONU a nuestro país.


"La estrategia de combate armado contra el crimen organizado no ha funcionado para reducir la violencia y la criminalidad. Por el contrario, la violencia letal y la crisis de desapariciones en México se agravan. Es indispensable que el Alto Comisionado conmine al gobierno de México a cooperar con instancias internacionales para adoptar medidas inmediatas para la prevención, búsqueda y protección de las víctimas", cita el comunicado en el insisten en un modelo civil de seguridad pública.


También señalaron que "la impunidad generalizada es una prioridad urgente: como señalamos al Alto Comisionado, sólo 1 de cada 100 delitos se resuelve en México. Es indispensable atender sus causas estructurales: la débil capacidad investigativa, la ausencia de protección a testigos, la corrupción y la falta de autonomía real de las Fiscalías".


El comunicado firmado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Amnistía Internacional México; Intersecta; Juicio Justo; Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C.; Programa de Seguridad Ciudadana; Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Frayba; y Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; establece una postura de confianza, "en que la visita del Alto Comisionado seá una oportunidad para que el Estado mexicano abra caminos de diálogo, cooperación y acciones concretas necesarias para atender las diversas problemáticas vinculadas con las violaciones a derechos humanos".


Sostienen que "la reforma judicial removió a más de 6,000 personas juzgadoras de carrera para sustituirlas mediante voto popular. Esto sin garantizar conocimientos, aptitudes e independencia, generando un retroceso en la división de poderes. Las elecciones judiciales de 2025 tuvieron consecuencias graves: resultaron electas personas sin capacidad jurisdiccional, muchas vinculadas al poder político o al crimen organizado".


"Resaltamos la necesidad de abolir la prisión preventiva oficiosa —en lugar de aumentarla, como ha sucedido en los últimos años— para que las autoridades sólo puedan recurrir a la prisión preventiva cuando se justifique como necesaria y proporcional caso por caso; así como garantizar mecanismos de control constitucional como el amparo".