CDMX -
Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y Gibrán Ramírez Reyes, diputado federal por el mismo partido, presentaron el 30 de abril de 2026 ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión una solicitud formal de desafuero en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República de la LXVI Legislatura; y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán de Rosales, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
La denuncia fue dirigida a Mauricio Farah Gebara, Secretario General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y se sustentó en los artículos 108, 109, 110, 111 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 5 al 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El documento señala también a otros servidores públicos del estado de Sinaloa como presuntos responsables de delitos relacionados con asociación delictuosa, delincuencia organizada, encubrimiento, uso indebido de funciones y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros de orden federal.
La declaración de procedencia, mecanismo constitucional conocido como desafuero, requiere que la Cámara de Diputados analice si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad a los funcionarios señalados. De prosperar, Rocha Moya, Inzunza Cázarez y Gámez Mendívil quedarían expuestos a enfrentar procesos penales sin la protección que actualmente les otorga el fuero constitucional.
