Por Víctor Hugo Arteaga

¿Puede haber continuidad sin rendición de cuentas?

La política suele poner a prueba la memoria de los ciudadanos. En Sinaloa, el registro de María Teresa Guerra Ochoa como aspirante de Morena a la gubernatura vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede quien fue uno de los principales respaldos políticos del gobierno de Rubén Rocha Moya presentarse ahora como una alternativa de cambio?

La interrogante no nace de un debate ideológico. Surge de los documentos públicos, de las auditorías oficiales y de las decisiones políticas tomadas durante los últimos años.

Como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra encabezó un Poder Legislativo que no solamente avaló las cuentas públicas del gobierno de Rocha Moya en medio de múltiples cuestionamientos, sino que además reprodujo un esquema de contratación pública que presenta similitudes con el observado en el Poder Ejecutivo.

Los expedientes de la construcción del edificio complementario de la Auditoría Superior del Estado muestran licitaciones en las que distintos participantes presentaron ofertas idénticas, modificaciones posteriores que incrementaron significativamente los montos originalmente contratados y una obra que terminó siendo observada por la propia Auditoría Superior debido a deficiencias de planeación, programación y presupuestación.

No se trata únicamente de sobrecostos. El problema es mucho más profundo.

La primera etapa de la obra fue contratada por poco más de 27 millones de pesos y posteriormente aumentó su costo mediante un convenio modificatorio. La segunda etapa repitió prácticamente el mismo patrón: una nueva licitación, nuevas observaciones y otro incremento presupuestal superior al previsto inicialmente.

Al final, el Congreso terminó pagando más de 69 millones de pesos por un edificio que, según las observaciones de la Auditoría Superior, seguía sin contar con condiciones para su operación plena.

Más preocupante todavía resulta que las auditorías oficiales detectaran fallas en prácticamente todas las etapas de la planeación de la obra pública, incluyendo inconsistencias en calendarios, programación y ejecución.

Cuando un mismo patrón aparece una y otra vez, deja de parecer casualidad.

A ello se suma un contexto político igualmente delicado.

Durante la gestión de Teresa Guerra también surgieron cuestionamientos por sustituciones legislativas que derivaron en la llegada de familiares directos de diputados propietarios al Congreso. Aunque tales designaciones pudieran ajustarse a los mecanismos legales previstos, alimentaron la percepción de que Morena permitió prácticas que durante años criticó en otros partidos.

La política exige algo más que legalidad; exige legitimidad.

En democracia, la responsabilidad política no desaparece simplemente porque no exista una sentencia judicial. Quien encabezó el órgano de gobierno del Congreso comparte inevitablemente la responsabilidad por las decisiones institucionales tomadas durante ese periodo.

Ese es precisamente el dilema que hoy enfrenta Morena.

Si el discurso del movimiento ha sido el combate frontal a la corrupción, la austeridad y la transparencia, resulta inevitable preguntar si los mismos estándares aplicarán para quienes formaron parte del círculo político que respaldó al gobierno estatal durante los años más cuestionados de su administración.

La candidatura de Teresa Guerra no puede analizarse únicamente como una competencia interna entre aspirantes. También representa un examen sobre la congruencia de Morena frente a sus propios principios.

Porque la confianza pública no se construye solamente con discursos.

Se construye respondiendo preguntas incómodas.

¿Por qué se avalaron cuentas públicas que hoy enfrentan severos cuestionamientos?

¿Por qué el Congreso reprodujo esquemas de contratación que terminaron observados por los órganos fiscalizadores?

¿Por qué nadie asumió responsabilidades políticas frente a esas observaciones?

Los ciudadanos merecen respuestas antes que campañas.

Porque quien aspira a gobernar no solamente debe ofrecer un proyecto de futuro; también debe explicar con claridad el papel que desempeñó en el pasado.

En una democracia sana, la rendición de cuentas no debería comenzar después de ganar una elección.

Debería ser el requisito indispensable para poder competir en ella.