CDMX.—

Líderes del Cártel de Sinaloa (CDS) amenazaron a la Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para permitir el libre tránsito de drogas, aceptar el nombramiento de funcionarios vinculados al crimen organizado y ceder el manejo de recursos públicos, de acuerdo con una investigación federal.

Según la orden de aprehensión contra alcaldes y funcionarios morelenses vinculados con dicho grupo criminal, la organización ha mantenido control político en la entidad desde 2021, infiltrando al menos 11 gobiernos municipales, además de intervenir en dirigencias partidistas, ordenar asesinatos de opositores y utilizar obras públicas para extorsión y lavado de dinero.

Uno de los principales implicados es Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder del cártel en la entidad, quien presuntamente envió amenazas a la Mandataria estatal a través de intermediarios.

De acuerdo con la declaración del ex Alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, rendida el 6 de mayo ante la FGR, Araujo Bernard le pidió advertir a la Gobernadora que debía pactar con el grupo criminal a cambio de “pacificar el Estado”.

En su testimonio, Nava refirió que el líder criminal le solicitó transmitir el mensaje de que “le pacificaría el estado, que si tenía acuerdo con alguien más o en su caso que el acuerdo lo hiciera con ellos. Además de que no se pasara de cabrona (sic) y fuera a retener los recursos de los municipios”.

Las exigencias incluían controlar el paso de drogas, colocar personas afines en puestos clave de los ayuntamientos y eliminar a candidatos que no se alinearan. Asimismo, ofreció financiar campañas políticas a cambio de recibir parte de las ganancias.

El ex edil, ahora testigo en la investigación, aparece junto a “El Barbas”, así como con Jesús Corona Damián y Agustín Toledano, Alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, en un video difundido el 18 de febrero de 2025.

Posteriormente, el 10 de marzo, Tadeo Nava fue removido de la dirección del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Morelos.

La indagatoria de la FGR incluye intervenciones telefónicas legales, en las que los implicados reconocen que la difusión del video podría afectar las aspiraciones políticas de Toledano, actualmente en prisión, aunque uno de ellos señala que el edil contaba con recursos para la compra de votos.