Por Federico La Mont Campos
Movimientos: El ajedrez político en el Palacio Legislativo de San Lázaro vuelve a colocar bajo los reflectores a la Sección Instructora, una de las instancias más decisivas y temidas del palacio legislativo de San Lazaro. Con la eventual presidencia de esta comisión jurisdiccional en manos del diputado Sergio Gutiérrez Luna, la maquinaria parlamentaria se prepara para reactivar expedientes de alto calibre, entre los cuales destaca la solicitud de desafuero contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. La reactivación de este proceso, promovido originalmente por las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y uso indebido de atribuciones, sitúa a Gutiérrez Luna en el epicentro de un arbitraje que trasciende lo estrictamente procesal. Para la mayoría legislativa y sus aliados, encabezar este órgano representa la oportunidad de descongelar una herramienta de control político y rendición de cuentas, mientras que para la oposición se perfila como un mecanismo de presión sobre el liderazgo priista, convirtiendo a la Sección Instructora en el fiel de una balanza donde se dirime el equilibrio de poder en el Congreso.
Liturgia: El trámite formal de una declaración de procedencia sigue una ruta rigurosa establecida en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por lo cual la Sección Instructora está conformada por únicamente cuatro integrantes de la Cámara de Diputados, una configuración deliberadamente reducida que exige consensos internos y en la que Morena y sus aliados mantienen el control mayoritario. Una vez radicado el expediente, este grupo de cuatro legisladores debe notificar al imputado, abrir un periodo probatorio de treinta días para el desahogo de pruebas tanto de la fiscalía acusadora como de la defensa, y conceder un plazo adicional de alegatos antes de emitir un dictamen final. Si la mayoría de los integrantes de la Sección Instructora aprueba que existen elementos suficientes para proceder penalmente, el proyecto se remite de inmediato a la Mesa Directiva para convocar a la Cámara de Diputados en pleno, erigida formalmente como Jurado de Procedencia. En esta sesión plenaria, con la presencia indispensable al menos la mitad más uno de los 500 legisladores, ambas partes exponen sus argumentos en tribuna y la asamblea vota mediante mayoría simple; de avalarse el dictamen, no se condena al servidor público, pero se le retira de manera definitiva el fuero constitucional para que enfrente a la justicia ordinaria como cualquier ciudadano común.
Registro: En la historia parlamentaria reciente de México, la pérdida de inmunidad constitucional se trata de una medida excepcional, reservada para circunstancias de enorme gravedad y alto costo mediático. Durante las últimas dos legislaturas federales, San Lázaro despojo de su fuero únicamente a tres diputados: en abril de 2019 se retiró la protección al legislador morenista Cipriano Charrez Pedraza tras su involucramiento en un accidente automovilístico con saldo fatal; y en agosto de 2021, en una misma sesión extraordinaria, el pleno aprobó los desafueros de Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores, y de Mauricio Toledo Gutiérrez, señalado por presunto enriquecimiento ilícito. Estos antecedentes, que se suman a episodios más remotos como los de Lucero Sánchez en 2016 o Julio César Godoy Toscano en 2010, demuestran que el levantamiento de la inmunidad legislativa es un recurso poco frecuente que suele prosperar únicamente cuando la presión judicial se combina con una determinación política contundente.
