Por Federico La Mont Campos
Rumbo: El ascenso de Abelardo de la Espriella a la jefatura de Estado coloca sobre el tablero político de Colombia una amenaza estructural sin precedentes, donde la vinculación entre narcopolítica, crimen organizado y sismo devastador amenaza con minar la gobernabilidad desde sus cimientos. A lo anterior se suma la presencia del Clan del Golfo, una estructura armada que hoy supera los 29.000 elementos, no representa únicamente un reto en términos de fuerza pública y seguridad nacional, sino un factor de distorsión económica y social que desestabiliza regiones enteras. Las repercusiones para la nueva administración se manifiestan en múltiples frentes: en el ámbito político, el grupo criminal ostenta una capacidad inédita para coaccionar instituciones locales y distorsionar procesos democráticos en la periferia del país; en el plano económico, su control sobre rutas de contrabando y minería ilegal asfixia el desarrollo de mercados formales, al tiempo que impone un costoso gravamen invisible sobre las comunidades locales; y en el espectro social, desplaza poblaciones, desarticula el tejido comunitario y genera una crisis permanente de derechos humanos. Ante este escenario, la capacidad del nuevo presidente para neutralizar el influjo de estas milicias sin paralizar la actividad económica local definirá el margen de maniobra de su gobierno en un país atrapado por el poder del narcotráfico.
Ascenso: La toma de posesión del nuevo mandatario ocurre bajo el peso trágico de una nación convulsa e intempestivamente sacudida el lunes negro por un devastador sismo que ya deja un saldo trágico de más de un centenar de muertos y cuantiosos daños materiales. Este desastre natural sobreviene sobre un panorama institucional previamente fracturado por la pesada herencia de la administración saliente de Gustavo Petro, salpicada por severos escándalos de corrupción que erosionaron la confianza ciudadana en el aparato estatal. El país que asumió Abelardo de la Espriella se encuentra al borde del colapso funcional: un territorio golpeado por la catástrofe telúrica inmediata, instituciones desacreditadas por la opacidad previa y una amenaza de seguridad latente encarnada en las casi 30.000 personas en armas que conforman organizaciones como el Clan del Golfo. Reconstruir la infraestructura destruida, atender la emergencia humanitaria con recursos fiscales agotados y restaurar la legitimidad ética del Estado exige una respuesta institucional inmediata y sin concesiones, en un ambiente donde la desesperación popular ante la tragedia natural se suma a la desconfianza acumulada tras años de desatención e irregularidades en la gestión pública.
Recaudar: Para sostener el presupuesto nacional y hacer frente a la crisis, el mandatario se encamina hacia una paradoja fiscal de alto voltaje al tener que incrementar sustancialmente los impuestos a los empresarios y a los sectores más favorecidos lo cul resultará un movimiento de profundo impacto político, puesto que precisamente estas élites económicas y corporativas, en combinación con el decisivo respaldo internacional del expresidente estadounidense Donald Trump, constituyeron la plataforma determinante que lo catapultó a la Presidencia de la República. La necesidad de recaudar fondos frescos para financiar el gasto público y la reconstrucción obliga a De la Espriella a exigir un sacrificio extraordinario a los mismos grupos de interés que apostaron por su proyecto político. Esta tensión entre el cumplimiento de la agenda económica pactada con el empresariado, la alineación con la retórica de Washington y la apremiante realidad macroeconómica amenaza con fracturar prematuramente su base de apoyo más sólida. El equilibrio político entre contentar el rigor fiscal requerido y no alienar ni al capital nacional ni a sus aliados internacionales se convierte sin duda en la prueba de fuego definitiva para la sostenibilidad de su mandato.
