Por Federico La Mont Campos
!Mi raza!: La máxima casa de estudios de México se encuentra inmersa en una controversia que cuestiona la integridad de sus decisiones institucionales al otorgar un contrato multimillonario a la empresa Territorium Life. El objetivo de esta alianza era la evaluación en línea de ciento cincuenta mil alumnos, una tarea monumental que requería infraestructura impecable, seguridad y transparencia incuestionable. Sin embargo, lo que debió ser un avance tecnológico se transformó en un pantano de opacidad. Esta plataforma ha sido señalada por deficiencias técnicas graves y un manejo dudoso de los recursos públicos asignados para el proyecto. La adjudicación de este servicio por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México levanta fuertes sospechas sobre los criterios de selección utilizados por las autoridades, especialmente al tratarse del futuro y la privacidad de miles de estudiantes. La comunidad universitaria expresó su profundo descontento, exigiendo claridad sobre cómo una entidad con un perfil controversial logró infiltrarse en la universidad más prestigiosa del país. Este episodio no parece ser un incidente aislado, sino el reflejo de un patrón de contrataciones irregulares que priorizan intereses comerciales sobre la excelencia académica, dejando al descubierto la grave vulnerabilidad de las auditorías internas universitarias.
Sorpresa: El asombro ante esta contratación se multiplica al revisar el historial corporativo de la empresa, fuertemente marcado por escándalos de fraude en otras instituciones de educación superior. Los casos más notorios se documentaron en la Universidad Digital del Estado de México y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde esta plataforma resultó en un rotundo fracaso, acompañado de acusaciones por malversación de fondos y promesas incumplidas. En ambas instituciones los sistemas colapsaron y las auditorías revelaron graves irregularidades financieras que perjudicaron a la comunidad. Ante este panorama documentado, la pregunta que resuena con fuerza es por qué la UNAM decidió ignorar todas estas banderas rojas. Resulta incomprensible que los comités de adquisiciones y los filtros legales omitieran realizar una debida diligencia básica que debió exponer el enorme riesgo de contratarlos. La insistencia en otorgar el control de las evaluaciones a una corporación con un pasado tan turbio sugiere presiones externas, tráfico de influencias o una negligencia administrativa colosal. Esta ceguera compromete el prestigio universitario y demuestra una alarmante falta de responsabilidad en la gestión del presupuesto, arrojando sombras sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios económicos detrás de este oscuro entramado de decisiones ilógicas.
Atención: Como suele ocurrir en los grandes escándalos donde la presión exige responsables de inmediato, la cuerda se rompe por el lado que resulta más conveniente sacrificar. La Secretaria General de la UNAM, Patricia Dávila, fue posicionada rápidamente como el chivo expiatorio ideal para absorber el impacto mediático y político de esta desastrosa contratación. Al dirigir los reflectores hacia ella, los verdaderos artífices de la negociación y los mandos que autorizaron la entrada de la empresa lograron escudarse en el anonimato. Dávila cargó con el peso de una maquinaria de corrupción que evidentemente trasciende las decisiones de una sola oficina. Utilizar su figura para desviar la atención de las fallas sistémicas en los procesos de licitación es una maniobra de contención de daños que busca calmar los ánimos sin resolver el problema de raíz. Esta estrategia perpetúa un ciclo de impunidad donde los responsables de comprometer el patrimonio de la universidad permanecen intocables. Mientras la narrativa oficial se concentra en señalar a una sola funcionaria, la red de complicidades que permitió este millonario fraude sigue operando en la sombra, demostrando que el sistema universitario requiere una depuración real y no simples sacrificios diseñados para proteger grandes intereses ocultos.
